Donde hay un derecho hay un negocio

Si hay algo que ha caracterizado a la gestión Macri en la ciudad de Buenos Aires es que entre la necesidad y el derecho, ve el negocio. La salud es uno de los tantos ámbitos donde el macrismo ha llevado adelante esta máxima, desde los primeros días de su gestión, hasta la fecha.
Comencemos por recordar que a los veinte días de comenzada su gestión vetó la Ley 2.566 de producción pública de medicamentos (PPM), la cual contemplaba, entre otras cosas la producción de medicamentos “básicos, imprescindibles y huérfanos”, estos últimos son los que los laboratorios no producen. En el decreto 2135/007alega que esa definición implica un “muy amplio espectro de drogas, lo que exigiría contar con una estructura significativa y con recursos técnicos y humanos capacitados para producir tan vasta gama de productos medicinales”. No es tan amplio el espectro, según la OMS con 100 medicamentos se estaría cubriendo el 80% de las enfermedades, teniendo en cuenta, además, que la ley vetada fue el producto de un acuerdo conseguido luego de muchos años. Ley que tenía partida asignada ya que había pasado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que la fundamentación en la falta de recursos no fue cierta. Parece que no siempre le molesta a Macri el uso de la facultad constitucional de vetar.
Los medicamentos constituyen una mercancía que impacta directamente sobre la cuestión del derecho a la vida y la salud. Pero como mercancía, posee además una dimensión económica muy importante, al tener la industria farmacológica la posibilidad de agregar valor a nuevos productos a través de la investigación, desarrollo y producción. Esto entraña la contradicción entre el derecho a la vida y la salud de la población, y el derecho de quienes invierten capital en investigación y desarrollo a cobrar su rentabilidad. La PPM podría garantizar el abastecimiento de una amplia gama de medicamentos para los hospitales públicos, bajando considerablemente el gasto en la compra de los mismos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2009 gasto en salud 3340 millones de pesos (U$S870.000), lo que representa el 19,7 del presupuesto para todo el Gobierno de la Ciudad. El 9% de este presupuesto (313 millones) se destinó a bienes de consumo, dentro de este rubro el 88% corresponde a Medicamentos, Material Biomédico y de Laboratorio, alcanzando la suma de 275 millones. La mayoría de estos medicamentos son elaborados por empresas privadas, cuando si fuesen de producción pública se podría garantizar el acceso gratuito a los mismos a la población sin cobertura social y por debajo de la línea de pobreza.
La falta de medicamentos en los hospitales públicos es hoy un hecho. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de los reclamos recibidos, entre ellos negar Cefalexina a una paciente inmunodeprimida cursando una enfermedad infecciosa (actuación 3505/09), emite la Resolución 3970/09 donde recomienda a los Directores de Hospitales que se garantice la provisión de medicamentos. La producción pública no es negocio para Macri.

Negocio Inmobiliario
No fue sólo este el caso de su búsqueda de negocios, su intento de avanzar con el cierre de los hospitales Borda, Moyano y Tobar García no tenían que ver con mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que allí se encuentran internadas, sino con la posibilidad de realizar un negocio inmobiliario. Convocó a una licitación para la construcción de un “Parque Cívico” en los terrenos donde se encuentran dichos nosocomios, la cual fue frenada a partir de la resistencia de quienes trabajan en dicho hospitales y de quienes se oponen al cierre de los hospitales públicos. No pudiendo hacer negocio inmobiliario ahí, fue por otro lugar. Obvio.
El 28 de enero Rodriguez Larreta firma la resolución 35 – MJGGC/10, en la que considerando “que el Régimen de Iniciativa Privada constituye un instrumento idóneo para promover la participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización de emprendimientos de interés general(…); Que mediante el Expediente Nº 13.683/10 la empresa TECHINT S.A. ha presentado un proyecto de iniciativa privada para la concesión de obra pública de un Complejo Hospitalario Sur, en el predio que actualmente ocupa el Hospital Muñiz en el extremosur de Parque Patricios, (…) que la propuesta plantea la puesta en valor, refuncionalización y ampliación de las edificaciones, a fin de lograr la instalación de tres unidades de tratamientos de patologías específicas que actualmente cubren los hospitales Francisco J. Muñiz, María Ferrer y
Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, imaginemos qué planes tendrá para esos hospitales, “ Que la propuesta incluye que la empresa tome a su cargo la concesión del mantenimiento de las instalaciones y equipamiento y la limpieza de los edificios, previendo una inversión estimada de dólares ciento setenta y dos millones (U$S 172.000.000)”
A partir de esta iniciativa Macri llama a conformar, como corresponde según la ley, una Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas privadas. Comisión que debe evaluar si lleva adelante un proyecto en el que terciariza el sostenimiento de la salud pública en manos de privados por un monto que implica $660 millones, el 20% de lo que se gastó en el 2009 en salud. Con menos del 10% de ese dinero, invirtiéndolo en PPM, se garantizaría el acceso gratuito de medicamentos a tantas personas…

Pero si de negocios se trata, Macri se preocupa con quién.
Analizando el documento que está en la página oficial de la ciudad “resumen_junio2009”, donde se detalla los gastos de Salud correspondiente a ese período, nos encontramos que de los $472.456 correspondientes al Hospital Moyano, el 20% ($158.400) corresponden al proveedor “Kanoore Edul Alberto” ¿Quién es este señor? A quien Macri y Montenegro adjudicaron mediante decreto la compra de uniformes de la policía y quien está relacionado con el atentado a la AMIA. En su nota “Macri tiene un fino comisario” el periodista Raúl Kollman da cuenta de las conexiones Macri-Montenegro-Palacios-Kanoore Edul. Palacios ya está procesado pero el fiscal federal Alberto Nisman pidió al juez federal Ariel Lijo que amplíe los cargos en su contra a raíz de su "participación en la confección de cuatro documentos públicos falsos, vinculados con las actas que instrumentaron los frustrados allanamientos a diversas viviendas de Alberto Kannore Edul, y a las irregularidades y falsedades documentadas en ellas".
Es claro que hay ciertas preocupaciones que Macri no tiene. En vez de preguntar quién es Sergio Burstein y qué título tiene, podría preocuparse por mejorar la situación de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, no discriminar su lugar de procedencia, poner en condiciones los edificios públicos así evitar que las y los trabajadores del Hospital Rivadavia hoy estén frente al hospital con una carpa y juntando firmas para que no lo cierren.